Cuándo se puede impugnar una junta extraordinaria de vecinos: el artículo 18 de la LPH establece que los propietarios tienen derecho a reclamar en la junta de propietarios cuando no están satisfechos con alguna cuestión que se haya acordado y llevar a cabo la impugnación de los acuerdos o actas de la comunidad de propietarios en base a tres causas existentes: cuando contradigan la normativa legal o a los estatutos de la comunidad, cuando resulten nocivos para los intereses de la comunidad pero favorables a uno o varios vecinos y cuando damnifiquen a algún propietario que no tenga el deber legal de soportarlo o que se hayan adoptado con abuso de derecho.
Por otra parte, si a la hora de anunciar o, en su caso, organizar la Junta de Propietarios, la Comunidad ha podido faltar a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal (referencia de la convocatoria en el tiempo oficialmente fijado, citación de todos los comuneros, celebración en tiempo y forma), es posible que deba solicitarse la revocación de la Junta en su totalidad. Con la finalidad de que un Juez, en caso de valorarlo oportuno, proclame nula la controvertida Junta de Propietarios; esto es, como si nunca se hubiese llevado a cabo.
Si no estás contento con alguna de las medidas que se han aprobado en una junta de propietarios sin importar las razones que hemos comentado, tienes la posibilidad de llevar a cabo todo el procedimiento con la recomendación y el apoyo de nuestra empresa. Somos un gran equipo de abogados especializados en la LPH y en comunidades de propietarios. Profesionales con una extraordinaria formación y una trayectoria de más de 10 años enfocados en este tipo de cuestiones, lo que siempre es garantía de éxito.
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Pudiendo hacerlo los vecinos que, por cualquier motivo, hayan estado ausente de la junta, aquellos que se hayan abstenido en la junta o aquellos que hayan sido desposeídos de la posibilidad de voto de forma indebida, siempre que estén al al corriente de pago. Todos ellos cuentan con un periodo de tres meses, a menos que se trate de acuerdos que contradigan la ley o a los estatutos, en cuyo caso tendrán un año. Si ningún vecino impugna los acuerdos en estos, el pacto quedará ratificado.
Si en alguna ocasión te ha sido imposible asistir a una junta y te has informado de los pactos por medio de un acta publicada en el tablón de anuncios o por la copia del acta depositada en tu buzón, es posible que se hayan adoptado medidas que te afectan y con las que no estás satisfecho.
El proceso adecuado para la impugnación de acuerdos o actas de una comunidad de propietarios es a través de juicio ordinario siempre que la demanda no tenga que ver sólo con requerimientos de dinero, en cuyo caso deberá gestionarse por el proceso que corresponda. Se tendrá que poner un escrito en el juzgado de primera instancia que corresponda. Para lo cual hace falta un abogado y un procurador. Se preparará la demanda en juicio declarativo ordinario, marcando el día de la celebración de la junta de propietarios, reseñando los hechos y añadiendo evidencias de que se es propietario de la comunidad mediante un duplicado de la nota simple de registro. Todo ello tendrá que ir firmado por el abogado y por el procurador.
Las comunidades de propietarios suelen plantear problemas de funcionamiento ligados a conflictos de intereses entre los diferentes vecinos. Dificultades que pueden estar vinculados a la aplicación o interpretación de lo que hay fijado en la LPH, como la decisión de afrontar una derrama, dudas sobre los estatutos, la ejecución de obras o rehabilitaciones en el bloques, el reparto de los gastos ordinarios, el requerimiento de un procedimiento monitorio, las desigualdades de pautas en la lista de las cuentas anuales, las modificaciones en la gestión y muchos más.
Podemos atender cualquier controversia que tenga que ver con desavenencias entre los comuneros de una finca. Tanto si eres tú el que desea realizar la impugnación de los acuerdos y actas de la comunidad de vecinos como si eres parte demandada y encargamos de todas las gestiones para que puedas estar tranquilo y ahorrarte mucho tiempo en gestiones. De esta forma, podrás resolver el problema lo antes posible y evitar que se dilate en el tiempo, creando tiranteces y mal ambiente dentro de la comunidad de vecinos.
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Artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal garantiza que las comunidades de propietarios funcionen perfectamente y que exista una buena convivencia entre todos los vecinos. Para ello, además de definir los derechos y responsabilidades de los propietarios, establece las directrices para hacer un uso adecuado de los elementos comunes del inmueble.
La Ley de Propiedad Horizontal recoge la posibilidad de que los propietarios de una comunidad de vecinos puedan impugnar los acuerdos adoptados en Junta. Concretamente, en el art. 18 se contemplan aquellos casos en los que podemos acudir a los Tribunales de Justicia por este motivo: cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, cuando sean gravemente lesivos para los intereses de la comunidad a favor de uno o varios propietarios y cuando causen daños a un propietario que no está obligado por ley a soportarlo o que se haya incurrido en un abuso de derecho a la hora de aprobar el acuerdo.
Los estatutos de una comunidad de propietarios son algo a lo que debemos estar muy atentos si vamos a adquirir una vivienda o un local comercial, ya que al firmar la compraventa, también estamos aceptando acogernos a un documento que se firmó con anterioridad a nuestra adquisición. Veamos qué son, para qué sirven y cómo se crean los estatutos que regulan las propiedades horizontales.
Prescripción de infracción urbanística . En el ámbito del derecho resulta esencial distinguir entre caducidad y prescripción. En concreto, en el contexto de la legalidad urbanística la distinción es esencial ya que aplicará uno u otro plazo, dependiendo de la situación jurídica ante la que nos encontremos. El TSJ Madrid en la reciente STSJ 372/2024, establece un cambio en la doctrina que venía aplicando la sala respecto a las obras efectuadas sin título habilitante, no visibles desde la vía pública, haciendo un examen de la necesidad o no de que se precise la aparición de signos externos que revelen su ejecución.
